Hasta el propio gobierno reconoce que materia de pobreza e indigencia “es mucho lo que falta todavía”. El número de argentinos que sufren hambre -y que por ende tienen el acceso negado a otros derechos constitucionales como la salud, la educación, y el trabajo- todavía alcanza las seis cifras en el país. Más difícil de entender es que en 27 años de democracia el hambre avanzó sobre la población a niveles inaceptables, y si bien se la combate desde el Estado (en todos sus niveles) la situación no mejora todo lo que debería. Desde la Coalición Cívica, la diputada Susana García (Santa Fe) presentó en los primeros días de junio un proyecto de ley de “soberanía alimentaria” que define su principal objetivo de maneja tajante: “garantizar la soberanía alimentaria y nutricional de la población para el disfrute de una vida sana y activa”. La iniciativa lleva la rúbrica de la “jefa espiritual” de la CC, Elisa Carrió, y de la porteña María Fernanda Reyes, también del mismo bloque que comanda Lilita. Pero la extensa ley no solamente define el objetivo planteado sino que implementa los lineamientos políticos que deberán adoptarse para encarar el desafío. Entre ellos, se crea un “Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional”, con la participación de cuatro ministerios, encabezados por el de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el seno del Consejo también están representadas todas las regiones geográficas con funcionarios provinciales, y se completa la integración con dos miembros de “las organizaciones agropecuarias de pequeños y medianos productores de reconocida representatividad y que posean personería jurídica”. Se contempla en el Consejo la participación del cooperativismo vinculado al sector agroalimentario, la “Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios”, así como las asociaciones de consumidores. Entre las medidas políticas que se explicitan en la ley para alcanzar el objetivo propuesto se incorporan en el proyecto el desarrollo local con infraestructura adecuada (no solamente vial sino la complementaria en escuelas, sanitarias, de salud, etc.), el agregado de valor de materia prima en las regiones de producción, y el fomento y desarrollo general de la comunidad rural. Si bien la soberanía alimentaria resulta un término muy repetido en los últimos años, son pocas las precisiones que se hacen al respecto. Para las diputadas firmantes “la soberanía alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. El principio rector de la norma aparece con más claridad en un documento de la FAO en el que se obliga legalmente a los gobiernos “a actuar de tal modo que, progresivamente, todas las personas dentro de su territorio no sólo no pasen hambre, sino que puedan producir o procurarse, de forma plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos adecuados para una vida activa y sana”, remarcan las diputadas. El planteo está hecho. Fuente: El Enfiteuta
