El Gobierno rechazó ayer los planteos de inconstitucionalidad sobre el proyecto oficial de ley de tierras, que prevé un límite a la propiedad de hectáreas productivas en manos de extranjeros. Además, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, , reclamó que los diputados le den tratamiento a la iniciativa en el Congreso, donde el debate quedó paralizado hasta después de las elecciones presidenciales.
En un seminario, organizado en la Universidad Católica (UCA), para debatir sobre la propiedad de la tierra en la Argentina, el ministro de Justicia, Julio Alak, planteó que es “un disparate” decir que la iniciativa es inconstitucionalidad y puntualizó que “el Congreso tiene las facultades suficientes para legislar y normalizar sobre la propiedad de la tierra en la Argentina”.
Respecto del Registro Nacional de Tierras y otro de Sociedades Comerciales, que el Gobierno busca crear junto con la nueva ley de Tierras, Alak dijo que “cualquier argentino podrá conocer a través de internet, y desde cualquier parte del país, quiénes son los dueños de los campos, y quiénes son los propietarios de las distintas sociedades comerciales que existen, y los respectivos integrantes de sus directorios”.
A su turno, Domínguez aclaró que “el proyecto enviado por el Ejecutivo es perfectible, pero es importante que se debata”.
En cuanto a los límites que establece el proyecto de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica y un tope de 20% del territorio para extranjeros, el ministro consideró que se trata de “pautas, de límites ordenadores” que fueron surgiendo de los distintos proyectos que había en materia de tierras.
A su turno, el rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández, apoyó el proyecto oficial de ley de Tierras y recordó el documento del Episcopado argentino, de 2005, en el que se advertía sobre el peligro de la extranjerización de la tierra.
El Cronista
